"La sangre de
Inkarrí está viva al fondo
de nuestra Madre
Tierra. Se dice que
llegará el día que
su cabeza, su sangre y
su cuerpo se junten.
Ese día amanecerá en
las sombras, y los
reptiles volarán".
Un campesino indígena
de los Andes
(Citado por Simón Strong en su libro
“Sendero Luminoso”, 1993)
“Sendero Luminoso”, 1993)
1.- Introducción
La región andina, antiguo territorio del
Tawantinsuyo[1]
inca, suele ser el escenario en el que se desarrollan periódicas convulsiones
de origen étnico y social, como producto de las protestas que tienen como
protagonistas esenciales a las organizaciones campesinas indígenas, tanto
ecuatorianas como bolivianas. Estas agrupaciones han demostrado en los últimos
tiempos una sólida capacidad de organización y movilización, y un importante
capital político al que los partidos tradicionales aún no han podido acceder.
En
Ecuador, un país permanentemente asediado por el fantasma de la insurrección
popular, el 21 y 22 de enero de 2000 miles de campesinos indígenas[2], movilizados por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),[3] tomaron Quito e iniciaron
una revuelta popular que provocó la caída del presidente Jamil Mahuad. En
aquella oportunidad, la organización indígena, liderada por Antonio Vargas y
aliada con sectores medios de la oficialidad del ejército ecuatoriano, intentó
el desplazamiento del gobierno y el reemplazo de éste por una Junta de
Salvación Nacional, la que habría de estar integrada por un coronel, un
sacerdote y un representante de la organización indígena. Con la radicalización
de la protesta, y luego de la toma del Congreso y la Corte Suprema de
Justicia por parte de los indígenas, la constitución de la Junta de Salvación comenzó a
materializarse. La jerarquía de la
Iglesia declinó el ofrecimiento para ocupar un lugar en el
triunvirato en formación y fue reemplazada por el ex presidente de la Corte Suprema de
Justicia Carlos Solórzano, mientras que en representación de los militares
asumió el coronel Lucio Gutiérrez,[4] con la secreta anuencia
del ministro de Defensa y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del
Ecuador, el general Carlos Mendoza. El espacio destinado a los pueblos
indígenas fue ocupado por Antonio Vargas, completando así la terna que habría
de fungir como nuevo ejecutivo de Ecuador. Pero la política de alianzas que
desde un comienzo tejió la dirigencia de la CONAIE , pecó de ingenua y el statu quo quedó a salvo. Apenas tres horas después de constituida la Junta , y de resultas de las
presiones internacionales, las intensas negociaciones internas, y la traición
-según lo denunció el propio Vargas- del general Carlos Mendoza, quién -como se
dijo- inicialmente había apoyado al triunvirato y luego cambió su posición:
Mahuad fue sustituido por el vicepresidente Gustavo Noboa, los militares le
retiraron el apoyo a la movilización y los indígenas debieron marcharse con las
manos vacías, no sin antes advertir que regresarían.
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| Insurrección indígena y popular en Quito, Ecuador, 2000 (foto: oocities.org). |
En
Bolivia, en un marco de exclusión y pobreza generalizada, la rebelión indígena[5] y popular comenzó el 3 de
abril con el bloqueo de las principales rutas del país por parte de campesinos
aymaras y quechuas agrupados en la Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
Bolivianos (CSUTCB), dirigida por Felipe Quispe Huanca, un ex guerrillero que a
comienzos de la década de 1990 integró, junto a los hermanos García Linera, la
dirección del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). Posteriormente, una masiva movilización
social tomó la ciudad de Cochabamba en protesta por el fuerte aumento de las
tarifas del agua aplicado por la empresa prestadora del servicio, recientemente
privatizada. Cinco días después, la protesta se había extendiendo a otras
ciudades del occidente boliviano y se le habían sumado los campesinos
cocaleros, los docentes y los estudiantes universitarios. El gobierno de Hugo
Banzer respondió declarando el estado de sitio y sacando las tropas del
ejército a la calle, lo que contribuyó a un incremento de la tensión social y a
una multiplicación de los enfrentamientos. El día diez, la Central Obrera Boliviana
(COB) convocó a un paro nacional por 24 horas, en "contra del estado de
sitio, por el cese de la violencia y la masacre de los campesinos (aymaras) en
Achacachi, Sica Sica, Lahuachaca, Patacamaya y en los demás caminos, ciudades y
comunidades rurales",[6] a manos del ejército. A
esa altura de los acontecimientos, los principales dirigentes sindicales de
Cochabamba ya habían sido sacados del medio y confinados en el departamento
amazónico del Beni, vecino a la frontera con el Brasil.
Esta espiral de violencia, cuyo saldo fue de seis personas muertas y
decenas de heridos, encontró su fin el 20 de abril cuando el gobierno,
debilitado por la decidida resistencia de los manifestantes y la acumulación de
sus propios errores, aceptó prácticamente todas las demandas que las distintas
organizaciones, tanto populares como indígenas, le planteaban y levantó el
estado de sitio.
No
obstante la paz lograda, la profundidad de la crisis y la evidente
imposibilidad por parte del gobierno de cumplir con todos los compromisos
contraídos, le da a este acuerdo un cierto sabor a impasse.
2.- Las causas de un conflicto secular
Exponiendo sobre el carácter intrincado de estos fenómenos, el sociólogo
mexicano Rodolfo Stavenhagen afirmaba que "Las relaciones entre el poder
central y sus componentes sociales, culturales y territoriales pueden ser
multifacéticas y complejas, todo ello como resultado de los vaivenes de la
historia, la dinámica cultural, la heterogeneidad de la población, las
ideologías dominantes, la concentración y/o arbitrariedad del poder político,
la capacidad de movilización y resistencia de los grupos subordinados, las
desigualdades económicas y sociales, la discriminación y marginación de
algunos, el grado de libertades individuales y la vigencia de los derechos
humanos, la posibilidad real de resolver conflictos y tensiones en forma
pacífica, y de un sinfín de otros factores y elementos coyunturales que suelen
presentarse".[7]
En los casos de las naciones andinas que nos ocupan, observamos que, simultáneamente
con los reclamos por las altas tasas de desempleo, los superlativos aumentos de
tarifas de los servicios privatizados, la dolarización de la economía, los
bajos salarios, la erradicación de cultivos ilegales, los magros presupuestos
universitarios, etc., casi siempre analizados a la luz de la resistencia que
generan las regresivas políticas económicas neoliberales aplicadas en los
países latinoamericanos; coexisten otras causas más profundas y complejas. A
diferencia de las arriba consideradas, éstas no tienen un carácter coyuntural
sino que son la resultante de una secular sobrecarga de tensiones entre las
diversas identidades históricas que conforman el substrato de la nacionalidad
boliviana y ecuatoriana, y el modelo hegemónico estatal que las excluye o
ignora.
Algunos especialistas prefieren explicar estas convulsiones como fruto
de la ausencia de Estado y por ende de políticas de contención y desarrollo
social en amplios sectores de la población. El sociólogo y mayor del Ejército
boliviano, Juan Ramón Quintana, suscribe a esta tesis, y sostiene que "lo
que vemos es la acumulación en un mismo momento de un montón de conflictos que
los Estados dejaron sin resolver desde hace dos siglos", y luego agrega,
"el impacto de la crisis económica está haciendo que floten con mayor
intensidad los conflictos étnicos".[8] Si bien coincidimos con la
apreciación sobre el rol del factor económico como disparador de los
acontecimientos descriptos al comienzo de este artículo, en nuestra opinión, la
naturaleza de la cuestión andina no estaría tan directamente relacionada con la
"ausencia", sino con la "ilegitimidad" del Estado. La
existencia de una antigua fractura étnica que atraviesa toda la estructura
social de estos países y en cuya frontera friccionan dos mundos antagónicos, es
la consecuencia directa de los procesos de conquista y explotación colonial y
neocolonial, y los infecundos intentos de integración social realizados durante
la etapa "republicana", cuya base de "legalidad" era la
fuerza y no el derecho. El peso que en términos demográficos, económicos y
políticos los pueblos indígenas representan, tanto en Ecuador como en Bolivia,
no se ve reflejado en la distribución de las riquezas ni en las cuotas de poder
a las que se les permite acceder -ambas en manos de una minoría
occidentalizada-. Este fraude histórico ha ocasionado que los Estados
nacionales enfrenten serios problemas de legitimidad y su autoridad sea
permanentemente cuestionada en las regiones con fuerte presencia indígena,
sirviéndoles, incluso, de sustento moral a su pretensión de compartir el poder,
tal como se vio en la rebelión de enero en Ecuador.
3.- La profecía
La
profunda conmoción que en los pueblos indígenas causó el vuelco dado por el
mundo andino como consecuencia de la conquista española y la imperiosa
necesidad de explicar las aceleradas transformaciones resultantes del nuevo
orden, dio origen al relato mítico-simbólico quechua de Inkarrí. Este personaje
quimérico, asociado con la serpiente, simbolizaba el espíritu del Tawantinsuyo,
el que, una vez derrotado por los españoles, se refugió en el inframundo
llevándose consigo el viejo orden y las riquezas del imperio desaparecido. Dice
la profecía que cuando las partes en que fue dividido Inkarrí se reúnan bajo la Tierra , el mundo será
restituido a sus antiguos dueños.
Al
igual que en este mito mesiánico, la fuerza de la incipiente unidad de los
pueblos indígenas, por siglos dormida en sus fragmentadas conciencias, ha
mostrado un poder de transformación (de "restitución" en términos
mitológicos) capaz de conmover los cimientos del orden instituido en los Andes
desde la Colonia. Esta
analogía es útil a los efectos de ilustrar el histórico antagonismo social y
cultural subyacente entre los pueblos andinos autóctonos y el Estado nacional,
y sus indestructibles esperanzas de liberación.
*
Publicado en la revista Tesis 11 Internacional Nº 53. Buenos Aires,
julio/agosto 2000. Págs. 24-26. Revisado para la presente publicación.
[1] Nombre que se le daba al
imperio y que significa "las cuatro regiones del mundo".
[2] Según
datos del Instituto Indigenista Interamericano (1990), los indígenas en Ecuador
representan el 43% del total de la población.
[3]
Creada en 1986, brega por los derechos de los pueblos indígenas y el
reconocimiento del Ecuador como un país multiétnico y pluricultural.
[4] Ex edecán del ex
presidente populista Abdalá Bucaram, destituido en 1997.
[5] El
peso relativo de la población indígena en Bolivia es del 71% sobre el total
nacional, según censo citado.
[6] Diario Clarín, Buenos
Aires, 11/04/2000.
[7] Hacia
el Derecho de Autonomía en México. En: Burguete Cal y Mayor, Aracely (coord.).
México: Experiencias de Autonomía Indígena. Documento IWGIA Nº 28. Copenhague,
1999. Pág. 7.
[8] Diario Página/12. Buenos
Aires, 30/01/2000.
CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO:
FAVA, Jorge: 2015 [2000], “El regreso de Inkarrí”. Disponible en línea: <www.larevolucionseminal.blogspot.com.ar/2015/10/el-regreso-de-inkarri.html>. [Fecha de la consulta: día/mes/año].
